El Gobierno de la Ciudad promueve un modelo de desarrollo urbano que profundiza la brecha de desigualdad entre el norte y el sur de la capital federal, ponderando siempre los negocios inmobiliarios. Uno de los argumentos principales del oficialismo porteño a la hora de fomentar la construcción de torres, es la necesidad de incorporar nuevas viviendas al mercado inmobiliario y así bajar el precio del metro cuadrado (m2).

El Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) publica periódicamente el Informe del Mercado Inmobiliario e Índice del Salario Real. El primer dato relevante que aparece en este estudio, es la gran diferencia que existe entre el precio del M2  en el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí se puede acceder al informe correspondiente al mes de junio.

Otro dato interesante que surge del informe es que se necesitan en promedio 5,80 salarios para adquirir un M2 de vivienda nueva y 5,04 salarios para adquirir un M2 de vivienda usada. Es evidente entonces que en la Ciudad no hacen falta  más departamentos en torres a precios inalcanzables, sino una política integral de acceso a la vivienda y la generación de mecanismos impositivos que desalienten la especulación inmobiliaria. Actualmente en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un proyecto de ley (link) que propone crear un régimen tributario especial para las viviendas ociosas, pero hasta el momento el oficialismo ha bloqueado su tratamiento.

El economista y dirigente de la agrupación Inquilinos Agrupados, Lionel Stiglitz, realizó un informe denominado “Ciudad Expulsiva: impacto de la dinámica del mercado de alquileres en la generación de pobreza y el desplazamiento de inquilinos en CABA”,  que se puede consultar en este link. En el estudio se detalla que el porcentaje de hogares inquilinos ha aumentado casi un 8% en los últimos años, pasando de 30,17% en 2009 a 37,39% en 2016. Mientras que a la par se estima que en CABA existen alrededor de 140 mil viviendas vacías. Las cifras evidencian, un sinsentido.

En los últimos años, el oficialismo porteño se ha valido de convenios urbanísticos para promover el negocio inmobiliario. Lo primero que debemos decir sobre estos instrumentos es que tiran abajo todo el Código Urbanístico que fue discutido en la Legislatura porteña por más de un año. El ejemplo más resonante es el conocido como “Sastrería Militar”, ubicado en la zona de Las Cañitas. Este convenio fue firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. y las firmas Arkinver S.A. y Kilometros S.A, permite llevar la altura máxima de construcción hasta los 96 metros, aumentando sideralmente la rentabilidad de la propiedad. A cambio, los privados entregaron 2,5 millones de dólares y una parcela para un espacio verde. Esto demuestra que en vez de diseñar  políticas que tiendan a generar las condiciones necesarias para que los sectores medios y bajos puedan acceder a la vivienda propia, el Ejecutivo porteño decide autorizar la construcción de megatorres en barrios exclusivos y sobrepoblados. Estas viviendas tendrán un valor promedio de U$S 4000 por m2. 

A mediados del mes de julio, se firmó un convenio entre la desarrolladora IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cual se habilita la construcción de torres de hasta 145 metros de altura en el 35% del terreno de lo que hoy conocemos como Ex Ciudad Deportiva Boca Juniors en la Costanera Sur. Esta iniciativa representa como ninguna otra el modelo de ciudad que propone la administración de Vamos Juntos; la planificación urbana subordinada a la oportunidad de negocios, ausencia absoluta de políticas de acceso a la vivienda y falta de seguridad jurídica. 

Para brindar un ejemplo de otros tipos de gestiones públicas,  a tan solo 300 kms de distancia, en la ciudad de Rosario, los convenios urbanísticos se convirtieron en una herramienta para fortalecer el Fondo Municipal de Tierras que tiene como finalidad la incorporación de tierras al patrimonio público con el fin de planificar el desarrollo urbano, aumentar los espacios verdes y generar planes de viviendas. 

Por su parte, si tomamos como ejemplo a la ciudad de Nueva York, encontramos que en el año 2014 se lanzó el programa Housing New York: A Five-Borough, Ten-Year Plan, cuyo objetivo principal es preservar la diversidad social y económica de los barrios y promover el desarrollo de la comunidad. Para esto se propuso la construcción de 200.000 viviendas asequibles en todos los sectores de Nueva York en un plazo de 10 años. En noviembre de 2017 dicho objetivo fue alcanzado y se espera crear 100.000 viviendas asequibles más para el 2022. A través de este programa es el Estado -y no el mercado- el que planifica cómo será el desarrollo de la ciudad.

En cambio, lamentablemente en nuestra ciudad la política habitacional no es primordial, ya que sólo el 3% del presupuesto es destinado a vivienda, y más grave aún, en los últimos años la ejecución del mismo promedió un 58%.

Es fundamental que el desarrollo urbano de nuestra ciudad se planifique en base a los ejes de la sustentabilidad del acceso a la vivienda. El gobierno de la ciudad debe generar los instrumentos necesarios para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan la posibilidad de acceder a la primera vivienda, los convenios urbanísticos pueden ser usados en este sentido poniendo como contraprestación que siempre que se gane constructibilidad un porcentaje de aquello sea destinado a viviendas sociales. Otra herramienta clave con la que cuenta la ciudad es el Banco Ciudad mediante el cual se pueden generar líneas de créditos blandos destinados a viviendas.